La visita de la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet a Venezuela continúa generando reacciones, especialmente después de dar a conocer el último informe sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestro país. La gravedad de las violaciones retratadas en dicho informe y las consecuencias que acarrean todavía no han sido dimensionadas por la inmensa mayoría de la población, aunque sufrimos cotidianamente la realidad del caos y la represión descritas en dicho informe tan contundentemente.
Como activista y defensora de DDHH todavía tengo algunas reflexiones y preguntas sobre qué puede seguir generando la visita de la Alta Comisionada: ¿Podrán ser sostenibles los acuerdos alcanzados con el gobierno durante su visita luego de tan contundente informe? ¿Cómo influencia este hecho el ámbito político nacional e internacional y el escenario de la negociación? En medio de una vorágine de acontecimientos es importante no olvidar a los sujetos sociales emergentes y la posibilidad de que en Venezuela podamos volver al escenario de la política, es decir, a dirimir nuestras diferencias de forma pacífica y democrática.
De la crisis al colapso
Una cosa es leerlo y otra vivirlo. Nunca antes en la historia había visitado un Alto Comisionado para los DDHH de la ONU tierras venezolanas y fue el 18 de junio del año 2019 que se concretó lo que habría sido una solicitud sostenida de las organizaciones defensoras de DDHH desde hace algunos años. Nada de este tiempo ha sido en vano. El agradecimiento explícito de los funcionarios de la ONU al trabajo constante de documentación, denuncia y difusión de estas organizaciones es parte de ese reconocimiento que se suma a la enorme valentía de víctimas y familiares que no han dejado de luchar por obtener justicia.
El año 2019 ha sido particularmente difícil, iniciando con el 23 de enero como un escenario de repolarización que desdibujo sujetos y agendas sociales emergentes como la ambiental y la laboral. A diferencia del 2018 la conciliación de las exigencias parecía imposible y los discursos y acciones de los sectores extremistas dominaron la escena. El fantasma de la intervención estadounidense y los mecanismos de represión se activaron y conjugaron espléndidamente.
Desde hace unos meses para acá, la situación generalizada ha pasado de ser de crisis en la absoluta mayoría de los ámbitos de la vida a una sensación de colapso inminente que incluye el colapso de los servicios básicos, haciendo más recurrentes los apagones de larga duración, la paralización de los medios de trasporte terrestre y aéreos debido a la escasez de gasolina, entre otros.
Sin embargo, ese colapso generalizado trae en su seno las bases incipientes de regímenes de terror fundamentados en el control delictivo de territorios con una enorme riqueza en bienes naturales, ubicados a lo largo y ancho de todo el país. El sur del río Orinoco que nutre el Amazonas está siendo amenazado por este fenómeno, en un contexto de absoluta precarización y ausencia de institucionalidad.
Los días del impacto
Los días previos a la llegada de la Alta Comisionada trascurrieron entre campañas y contra campañas que descolocaron a más de uno. De pronto hospitales que tenían años sin ser atendidos empezaban a ser pintarrajeados por los escuadrones de mantenimiento del gobierno ante la mirada indignada de enfermos y familiares.
Paralelamente la información corría de forma rápida y contundente: aunque el trabajo de documentación ya tuviera meses (incluso años) preparándose, se hacía necesaria la presencia de la ciudadanía en las calles. En aquellos cortísimos pero intensos días se concentraron protestas de toda índole en diferentes zonas de la ciudad de Caracas y también en varias ciudades del país.
La necesidad de hacer incidencia política a través de la protesta no violenta es una herramienta distintiva de sectores del movimiento ciudadano. Las mismas parecen surtir un efecto alentador en medio de un descrédito de la política y de los políticos en general.
En esa distancia que a veces se acorta, las agendas de los partidos pueden llegar a ser sensibles con los enfoques que proponen las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el gran reto sigue siendo cómo integrar transversalmente estos enfoques en estos partidos y transformar la política en algo común, no delimitado a la lucha por el poder.
En esa búsqueda y con el marco de la visita de la Alta Comisionada surge una interesante campaña articulada bajo la etiqueta #VZLAExigeDDHH que tiene una participación significativa a través de incidencia en redes sociales y articulación de organizaciones con gran trayectoria e influencia en esta área.
El 21 de junio vimos impactados cómo finalmente Michelle Bachelet salía del Aeropuerto de Maiquetía después de corroborar que en Venezuela ocurren gravísimas violaciones de DDHH. A pesar de los compromisos adquiridos y los gestos de diálogo que tomó el gobierno, ese mismísimo día fueron encarcelados de forma arbitraria al menos 5 militares acusados de traición a la patria y conspiración. Uno de ellos el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo murió bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Su cuerpo todavía no ha sido entregado a sus familiares, aunque testifican sus abogados y personas allegadas que recibió fuertes torturas.
Ahora: El Informe
El pasado 4 de julio la Alta Comisionada publicó el esperado informe, profundizando sobre los dramáticos casos que fueron mencionados por Michelle Bachelet antes de retirarse del país, brindando un detallado balance de la cantidad y carácter de las reuniones que se sostuvieron.
En este documento de 18 páginas se puede encontrar expuesta de forma sintética la alarmante situación de los Derechos Humanos en Venezuela. En el mismo se destacan los patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Otro elemento llamativo es que el informe incluye un enfoque de género, poniendo énfasis en el efecto diferenciado de la crisis sobre mujeres y niñas, dándole relieve a sus experiencias específicas. Esto es particularmente llamativo en el apartado referido a la alimentación donde se afirma que la falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron que incluso registraron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo.
Este dato resulta suficientemente alarmante cuando se afirma que el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños y mujeres embarazadas
Aunque es imprescindible darle lectura al informe en su totalidad no puede dejar de hacerse mención a la conformación de una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes anunciada por Bachelet antes al finalizar su visita, dándole reconocimiento a estas prácticas asumidas por los organismos de seguridad del Estado. Igualmente se confirma la existencia de un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres de opositores políticos que, sin tener acceso a abogados, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, fueron maltratadas y torturadas. Sin duda, esta realidad interpela a los movimientos de mujeres y feministas no sólo en nuestro país sino en toda la región.
Retos del movimiento ciudadano de cara a una posible transición
Desde enero del 2019 enfrentamos una nueva agenda de movilizaciones dirigidas al desconocimiento político de Maduro, con la aspiración de generar fracturas al interior de las Fuerzas Armadas. Más allá de lo efectivo o no que ha resultado ser esta táctica política, desde las organizaciones ciudadanas y populares se tiene que exigir con firmeza el respeto de los Derechos Humanos y la denuncia del uso de la impunidad como medio de pago para las negociaciones políticas.
Si bien es cierto que toda transición democrática debería partir de grandes acuerdos que tiendan a incorporar al conjunto de los actores políticos y sociales, las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad no pueden ser relativizadas. Nuestra apuesta debe dirigirse hacia contribuir con la despolarización y la repolitización de nuestros discursos y acciones políticas, con tácticas y estrategias no violentas; la impunidad solo contribuye a un clima de desconfianza y resentimiento.
En mi tránsito personal como militante chavista hacia el activismo ambientalista y feminista he encontrado que muchas palabras empiezan a tomar nuevos significados, incluso a re significarse. Hoy entender la izquierda y la derecha como identidades absolutas deja de dar cuenta de la realidad: Si Maduro es de izquierda, ¿es posible que estén sucediendo estas cosas en Venezuela?
Todavía muchos compañeros y compañeras se aferran a la camiseta de la Revolución Bolivariana a nivel nacional e internacional. Algunos hasta se han hecho eco de las desesperadas respuestas oficialistas acusando a Michelle Bachelet de ser “pro yankee” y “cómplice de la derecha”. Aunque la base social del gobierno se encuentra actualmente fracturada, muchos de los sectores del chavismo disidente y nuevos desprendimientos no ven espacios para continuar sus proyectos y aspiraciones en un proceso de transición política que no dialoga con ellos.
Nuestro reto como sujetos emergentes de una incipiente forma de entender y hacer política es reubicar el acento en lo público, en aquello que nos une. Reconstruir un tejido social basado en intereses comunes como lo es la preservación de nuestras riquezas naturales, la recuperación real y urgente del poder adquisitivo del salario, la incorporación efectiva de la perspectiva de género en los programas de recuperación económica, la auditoría pública y ciudadana de la deuda externa, son solo algunas aristas en la que parece haber consenso en amplios sectores del movimiento ciudadano.
A modo de conclusión
Por último quiero recalcar que es importante escuchar a la Alta Comisionada de la ONU relatar los testimonios que recibió de víctimas y familiares. Cada caso es desgarrador, cada nombre, cada historia es como un golpe en la conciencia.
En Venezuela vivimos en un país donde las fuerzas de seguridad tienen como práctica común el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura. Vivimos un país donde existen los presos por ejercer sus derechos políticos, por defender la libertad de expresión.
Desde la publicación de éste último informe las causas de nuestra tragedia no están a libre interpretación. Desde aquellas horas quienes ostentan el poder han quedado desnudos ante la constatación global de la brutal represión a la que hemos sido expuestos los venezolanos y venezolanas en los últimos años. Venezuela exige Derechos Humanos. Que nadie guarde silencio ante tanta injusticia.
Original de Diario Clever
