Restricción de toda nueva actividad exploratoria petrolera.
Es la suspensión de toda nueva actividad exploratoria petrolera en todo el territorio nacional. Las reservas petroleras del país, según PDVSA, ascienden a 300.000 millones de barriles, más que suficientes para sostener la producción durante muchas décadas. A mediano plazo la tendencia mundial es que el petróleo sea sustituido por fuentes energéticas más limpias, lo cual muy seguramente ocurrirá antes que se agoten las reservas nacionales. En consecuencia, no tiene sentido realizar más actividades de búsqueda de nuevos yacimientos. Habrá quien opine lo contrario argumentando que la mayor parte de nuestras reservas están en la Faja, cuyos crudos son extra-pesados de baja calidad y se requieren reservas de crudos de mejor calidad, pero toda nueva actividad petrolera fuera de las cuencas petrolíferas conocidas actualmente, lo que hará será extender la frontera petrolera hacia ecosistemas aun no afectados por las mismas. Existen antecedentes de esto en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos por mucho tiempo estuvieron prohibidas las actividades petroleras de todo tipo (exploración y producción) en Alaska y sectores de la plataforma continental de EEUU. El presidente Obama continuó esta política, no fue sino más recientemente que Trump la eliminó. Esta es una política para prevenir que se extiendan geográficamente los impactos ambientales y sociales de la actividad petrolera, tanto en tierra como costa afuera.
Prohibición de toda actividad petrolera de alto impacto social y/o ambiental.
Es la prohibición de la explotación petrolera cuyos impactos ambientales y sociales sean tan altos, que no puedan ser mitigados o saneados. Por ley todo proyecto de explotación petrolera debe ser objeto de una evaluación de impacto ambiental. En nuestro país, desde que existe esta legislación, nunca se le ha negado el permiso a actividad petrolera alguna. La evaluación ambiental, en la práctica, se vio reducida a un trámite administrativo para obtener el permiso. Además, se han cometido abusos, por ejemplo, uno de los más comunes fue copiar secciones de documentos de impacto presentados por proyectos precedentes, para así someterlos y reducir los lapsos de entrega del permiso, entre otros vicios.
Esta política debe dejar claro que es perfectamente posible no permitir la ejecución de un proyecto petrolero, por consideraciones de sus impactos sociales y ambientales.
Evaluación y mitigación de impactos socio-ambientales de las áreas actualmente bajo explotación petrolera.
Durante las últimas dos décadas las estadísticas de accidentes, derrames y fugas de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas se dispararon, las razones pueden ser múltiples: falta de mantenimiento, impericia en las operaciones, negligencia, etc. La reactivación o el aumento de la actividad petrolera en campos tradicionales por parte de nuevos actores, no debe realizarse en el supuesto de mantener la línea base socio-ambiental actual. Esta política busca el establecimiento de reglas de juego claras para que esos nuevos actores conozcan y cumplan las exigencias sociales y ambientales, siendo el instrumento más idóneo para establecer tal compromiso, que tales exigencias sean incluidas como clausulas en los contratos a ser suscritos por tales actores con el estado venezolano.
Prioridad a la seguridad energética nacional
Satisfacer la demanda nacional de productos de hidrocarburos de calidad debe ser prioritario, antes que la exportación. Sabemos que en el mundo político existe reticencia a eliminar progresivamente los subsidios a los hidrocarburos en el mercado nacional, incluso si estos productos son importados a precios internacionales por no poder manufacturarlos en las refinerías nacionales. Si esta situación se prolonga, estará presente la tentación de preferir en alguna medida exportar para evitar pérdidas económicas, o bien exportar productos de mejor calidad, dejando los de menor calidad para el mercado local. Deberá establecerse una política que prevenga tal situación.
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