La igualdad social es un sentimiento presente en Venezuela incluso antes del inicio del proceso de Independencia y de la formación de la República. El alzamiento de Gual y España en La Guaira en 1797 tuvo como principal proclama la igualdad de todas las clases y las razas. Luego de la caída de la primera República en 1812 y de la Campaña Admirable en 1813 surgió el movimiento de Boves quien, defendiendo el bando de la monarquía, se sirvió de esa aspiración tan arraigada de libertad para, llevada al extremo, matar y saquear a los blancos criollos y patriotas para repartir sus bienes entre los que tenían poco o nada.

Posteriormente, entre 1858 y 1863, tuvimos el conflicto interno más prolongado, la Guerra Federal donde la proclama de la igualdad social era el principal compromiso y la idea de democracia no tenía nada que ver con el origen del poder mediante el voto ciudadano, sino más bien con la garantía de igualdad social. En el siglo XX los movimientos democráticos que surgen en 1928 y posteriormente llegan a materializar la conformación del gobierno mediante el voto popular, también asumieron ese compromiso como una de las principales banderas de la transformación que se llevarían a cabo. Y la misma promesa de impulsar la igualdad social se enarboló en 1998. Y la realidad es que hoy, a 186 años de la instalación de la República, a 153 del fin de la Guerra Federal, a 69 años del primer presidente electo por el pueblo mediante el voto universal, a 40 de la nacionalización del petróleo y a 18 del inicio del primer ensayo comunista en Venezuela, seguimos siendo un país profundamente desigual. A pesar de que la aspiración por la igualdad ha sido motivo de guerras, revoluciones y transformaciones importantes, seguimos siendo una nación con profunda desigualdad en distintos ámbitos.

La principal y más marcada es la desigualdad socioeconómica que hoy se refleja en la lamentable realidad de que el 82% de la población está bajo condiciones de pobreza. Por otro lado, la desigualdad con respecto a oportunidades de empleo y con respecto al acceso a la justicia son otras de las facetas que debemos abordar para resolver de una vez por todas este tema en Venezuela.

Es importante resaltar que hoy nos encontramos con una Venezuela sumergida en esta situación a pesar de haber disfrutado de una bonanza de ingresos petroleros motivado por los altos precios durante más de 10 años ininterrumpidos. Por culpa de un modelo socioeconómico impuesto, importado y equivocado no se pudo aprovechar los tiempos de altos ingresos para reducir la desigualdad y promover la estabilidad. No se organizó al Estado y la sociedad para superar la pobreza, por el contrario, el partido de gobierno promovió la confrontación permanente y la lucha de clases, la destrucción de la producción nacional y la implementación de un sistema de control social que precisamente se sostiene en la idea de empobrecer y mantener en la pobreza a la población.

Insisto personalmente en la idea de que el camino para la igualdad es la conquista de todos los derechos para todas las personas, sin exclusión, sin privilegios. La igualdad de todos ante la justicia y ante las obligaciones del Estado y la nación. Igualdad que tendremos cuando no solo todos seamos tratados de igual manera ante la ley, sino cuando se garantice que todos los niños que nazcan en Venezuela no importa dónde ni el color de su piel o si es niño o es niña, tengan acceso a educación y salud de calidad, que tengan oportunidades de empleo y que exista la posibilidad de que acceda a una vivienda digna.

Asumimos el progreso como el avance permanente hacia la conquista plena de los derechos de todos los venezolanos. Al focalizar la conquista de la igualdad mediante la garantía de que todos los venezolanos tengamos acceso a todos nuestros derechos, es posible avanzar hacia metas concretas al respecto y nos permitirá pasar de la crisis al bienestar.

Para ello es fundamental trabajar seriamente en nuestra estabilidad macroeconómica y en un plan de impulso microeconómico. ¿Cómo? Restituyendo la autonomía del BCV; teniendo una política cambiaria y monetaria seria; reduciendo el déficit fiscal; reorganizando el estado y promoviendo el equilibrio en nuestras balanza comercial y balanza de pagos; expandiendo la capacidad y producción del sector petrolero; estimulando la producción nacional y a la inversión productiva con garantía de seguridad personal, jurídica y de propiedad. Nacionalizando empresas estatizadas para abrirlas a la iniciativa privada con participación accionaria de los venezolanos mediante la democratización del mercado de capitales e impulsando el emprendimiento y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa para de esta forma promover la generación de empleo estable y productivo.

Pero es mi convicción más profunda que no es verdad ese axioma de que la mejor política social o el mejor camino hacia la igualdad, es tener la mejor política económica. Podemos generar un crecimiento de 8 o 9 por ciento anual y que ese crecimiento no se traduzca en bienestar y progreso para millones de venezolanos en especial los más necesitados. Además de las medidas económicas correctas, sin dudas hay que implementar políticas que beneficien a los más desposeídos y permita que el impacto sobre ellas sea muy reducido, en especial con las poblaciones más vulnerables. Yo siempre he creído en los programas de subsidio directos condicionados en donde se beneficien a las familias con la única condición de que sus miembros en edad escolar, en primer lugar, se mantengan en el sistema y en segundo lugar, mejoren sus rendimientos académicos. Por otro lado, esos subsidios directos también están condicionados a que los miembros de las familias se sometan a chequeos de salud preventivo al menos una vez al año. Las personas que se encuentran en pobreza extrema, calificados así por estudios estadísticos, socioeconómicos y etnográficos serios, deben gozar de subsidios directos mientras salen de esa condición.

Pero para lograr ese paso de la crisis social al bienestar no solo necesitamos tener la mejor política económica y proteger de su impacto inicial a las poblaciones más vulnerables. Necesario es contar con un sistema de salud mixto que garantice cobertura universal de calidad; un sistema integrado de seguridad social que incorpore fondos de pensiones para la administración/financiamiento de la seguridad social. Educación con cobertura universal y de calidad. Programas masivos de urbanización y equipamiento de terrenos; impulso a la construcción de viviendas de interés social público/privado; adecuación y estímulo del sistema financiamiento hipotecario. Un plan nacional/federal (gobernaciones y alcaldías) de infraestructura deportiva. Un plan de recuperación, adecuación y democratización de los espacios públicos (plazas y parques). Promoción e impulso de la cultura en todas sus dimensiones, la cual no debe ser definida desde el Estado, sino mediante una consulta amplia e incluyente que determine la visión que se quiere promover. Por último, una sociedad no puede decirse igualitaria sino es capaz de garantizar la cobertura universal de los servicios básicos de electricidad, Agua, Gas y Aseo urbano/ recolección de desechos sólidos e internet.

Como vemos, no es una medida aislada lo que debe tomarse para mejorar nuestra economía a la par de lograr niveles de bienestar en una sociedad cada vez más igualitaria. Se trata de un conjunto de medidas enmarcadas en una política abierta, democrática y solidaria. Estoy convencido de que esas medidas no pueden ni serán tomadas por este sistema y su modelo fracasado. No lo han hecho en 18 años, no lo hacen ahora que la situación es crítica y no lo harán porque su poder se sustenta en precisamente mantener la pobreza y el control sobre toda la sociedad. Por eso podemos afirmar que el primer paso hacia esa sociedad más igualitaria que tanto aspiramos es recuperar nuestra libertad.

Leopoldo López
Cárcel Militar de Ramo Verde, 5 de octubre de 2016

Imagen: The New York Times

Leopoldo López
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